El senador José Miguel Durana (UDI) lamentó que el gobierno ingresara al Senado el veto a la ley de usurpaciones despachada por el Congreso el 30 de agosto, manifestando que con antelación el Ministerio de Bienes Nacionales había informado que, a diciembre de 2022, existían 19.670 tomas ilegales de las cuales el 70% corresponde al norte del país.
Las estadísticas, precisó el legislador, sólo consideran las tomas correspondientes a terrenos fiscales y no privados y en la región de Arica y Parinacota, estas tomas alcanzan las 710, sólo un 23% menos que la Región Metropolitana, situación que preocupa de sobremanera a los organismos que velan por la seguridad pública.
“Boric decide nuevamente gobernar para el 30% de la población que incorpora al Partido Comunista. Nos vamos a quedar sin ley porque el veto genera cambios fundamentales en la gravedad de las penas ya que la falta continuará siendo falta y no cárcel y se termina con la legitima defensa privilegiada para defender bienes propios y propiedad privada”, mencionó el legislador.
Afirmó que con esta acción nuevamente el gobierno demuestra que está con los delincuentes, con las organizaciones criminales, con las usurpaciones de terrenos y no con los chilenos que quieren vivir en paz, en tranquilidad y con respeto legitimo a proteger sus bienes ganados con su propio trabajo y esfuerzo y no de manera fraudulenta.
OBSERVACIONES
En su veto, La Moneda propone 14 observaciones, las que, entre las más críticas, plantean un catálogo escalonado de penas, dejando al juez la opción de sancionar con una multa de 6 a 10 UTM ($378.000 a $630.000, aproximadamente) o 61 días de cárcel (presidio menor en su grado mínimo), para la usurpación “no violenta”.
En el texto original aprobado por ambas Cámaras, la sanción de presidio ante una ocupación no violenta parte en 61 días a 3 años de cárcel; y el delito de usurpación violenta mantiene una pena de 541 días a 5 años de presidio, sin embargo, este veto las reemplaza por multas, situación que tiene molesta a los legisladores.