El fortalecimiento de los equipos de la Dirección Regional de Aguas de Arica y Parinacota, permitió que durante el 2022 se abrieran 55 expedientes contra personas que fueron sorprendidas infringiendo el Código de Aguas, lo que redundó en multas que bordearon los $396 millones.
Así lo detallaron la seremi de Obras Públicas, Priscilla Aguilera Caimanque, junto al director regional de Aguas, Andrés Romero Montecinos, quienes informaron que durante el 2022 las fiscalizaciones se incrementaron en un 61,7% en relación al 2021.
Las autoridades indicaron que las fiscalizaciones se realizan a través de la programación de un plan anual de trabajo; por denuncias de las comunidades y, también, por oficio.
“Como Gobierno del presidente Gabriel Boric Font, estamos apostando por la gobernanza de los recursos hídricos, que terminen con la profunda inequidad del modelo de gestión hídrica, potenciando la fiscalización para el uso racional de este recurso en las actividades productivas”, destacó la seremi del MOP, Priscilla Aguilera Caimanque.
Por su parte, el director de Aguas Andrés Romero Montecinos, destacó que para este 2023, “hemos planificado aumentar el número de fiscalizaciones en la región, adicionalmente se ha comenzado un trabajo colaborativo con las Juntas de Vigilancia y Comunidades de Aguas de la región, para que juntos podamos realizar fiscalizaciones en puntos donde se estén realizando extracciones ilegales de agua, modificaciones en el cauce o daños al ecosistema”.
Ambas autoridades agregaron que para este año, se aumentarán las fiscalizaciones por MEE (monitoreo de extracciones efectivas), lo anterior obliga a cada comunidad de agua o persona natural que tenga Derechos de Aprovechamiento de Aguas, a implementar sistemas de monitoreo de extracciones de acuerdo a sus derechos otorgados, lo que permitirá saber quiénes están extrayendo más agua de lo que deberían.
DATOS
Las últimas fiscalizaciones se concentraron en el kilómetro 18 del valle de Azapa, donde los funcionarios de la DGA, apoyados por Carabineros del retén de San Miguel, ingresaron a un predio donde procedieron a sellar un pozo ilegal, abriendo un nuevo expediente.
Los trabajos de fiscalización se están desarrollando en todos los valles de la región, contando la DGA con un número mayor de fiscalizadores y el apoyo de equipo tecnológico como un Dron, que permite monitorear de mejor forma los sectores donde se tengan sospechas de que estén extrayendo ilegalmente agua para actividades productivas.