El objetivo fue verificar la legalidad de las actividades comerciales y administrativas que se realizaban en el lugar.
Pasada las 19 horas del martes, personal de la policía marítima de la Armada, apoyados por Carabineros de Chile, junto al despliegue de funcionarios del Servicio de Salud, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Superintendencia de Servicios Sanitarios e inspectores de la Municipalidad de Arica, irrumpieron en las dependencias del local ubicado en el sector de Arenillas Negras, donde procedieron a una exhaustiva fiscalización, que derivó en una serie de irregularidades en su funcionamiento.
Al momento del operativo, mandatado desde la Delegación Presidencial, se constató que el recinto estaba funcionando con la patente vencida, con conexiones no autorizadas para el gas y agua potable. De hecho, tenían el suministro cortado desde el 29 de agosto, por una deuda de casi $10 millones con la empresa sanitaria, como lo corroboró la Superintendencia de Servicios Sanitarios del MOP.
Junto a esto, el personal de Salud, encontró comida en mal estado para ser consumida, sin cadena de frío y con fecha de vencimiento de abril y mayo pasado, y que se encontraban en contacto con moscas y cucarachas, situación que obligó a la clausura del restaurant, al no contar con los mínimos requerimientos sanitarios.
AUTORIDADES
“En lo que significa la fiscalización por parte de la institucionalidad, especialmente en lo que respecta a comercio ilícito en todas sus dimensiones, nos encontramos con un local que desde varios años se encuentra ubicado en el sector costero y ,que al realizar el procedimiento -el día martes- nos hemos percatado que no cumple con absolutamente ninguna de las normas legales ni reglamentarias que le permitirían funcionar en la calidad de local turístico, ni desde el punto de vista de la cocina, de hotelería, de la seguridad, ni siquiera desde los servicios más básicos. Por lo tanto, en esa condición, se realizó un operativo con la participación de la Armada de Chile, Seremi de Salud, Seremi de Obras Públicas y la Municipalidad de Arica, en el que hemos constatado infracciones a la ley de renta. Pretendemos, más que el local, recuperar el espacio. Como lo hemos dicho, en el marco de los compromisos de Gobierno, estamos recuperando espacios públicos para la comunidad con un propósito no arbitrario”, destacó el delegado presidencial, Ricardo Sanzana Oteiza.
“Nosotros como MOP fuimos parte de la fiscalización, que forma parte de la recuperación de este espacio público, que corresponde a una ocupación irregular. Nosotros, a través de la Dirección de Obras Portuarias, estamos desarrollando un proyecto para este sector, el que se encuentra en proceso de adjudicación, para la etapa del diseño de ingeniería, iniciativa que beneficiará a toda la comunidad con un nuevo borde costero, que contará con espacios deportivos, servicios, paseos, sombreaderos y áreas verdes”, manifestó la seremi de Obras Públicas, Priscilla Aguilera Caimanque.
CIERRE DE FUNCIONAMIENTO
“Nos sumamos al operativo en resguardo a la comunidad y pudimos evidenciar que el restaurante no cumplía con las normas sanitarias y se realizó una prohibición de funcionamiento. En estos momentos, esta resolución sanitaria esta con un cierre de funcionamiento y decomisamos 130 kilos de alimentos, principalmente de origen de animal por presentar fechas de vencimiento y mala conservación de los procesos y alteración de todas las medidas higiénicas asociadas a la preparación. Ahora se encuentra con un sumario en proceso para tomar todas las acciones respectivas. Asimismo, hicimos verificación de las aguas potables, alcantarillados y todos estos antecedentes son parte del proceso en conjunto con la Delegación Presidencial”, dijo la seremi (s) de Salud, Marta Saavedra, la que agregó que esta fiscalización al local en el sector de Arenillas Negras, es parte de una serie de operativos en diversos puntos de la ciudad, en el marco del Plan Calles Sin Violencia.
ARMADA
Desde la Armada el Gobernador Marítimo Christian Peters, explicó que el procedimiento se centró en “verificar la legalidad de las actividades comerciales que se realizaban en el lugar, y porque además se trata de una ocupación ilegal, en un sector, que jurisdiccionalmente está dentro de un área de responsabilidad marítima. Por lo mismo, generamos las condiciones de seguridad para que las otras entidades públicas pudieran sus labores de fiscalización”.
CRONOGRAMA
Para conocer los antecedentes, estos se remontan al 2008, cuando venció la concesión marítima otorgada por la Subsecretaría de la Fuerzas Armadas. Posteriormente, entre el 2008 y 2015, el encargado del recinto ingresó un proceso para la renovación, la cual fue denegada desde la misma Subsecretaría de FFAA, que es la encargada de entregar las concesiones marítimas.
Luego, entre el 2015 y 2021, la administración del lugar creó diferentes procesos administrativos y judiciales, los cuales fueron rechazados, por lo que nuevamente se le comunicó que no podía seguir como ocupante ilegal y que debía entregar el bien fiscal, notificándolo durante el mismo 2021 de la decisión. Ese mismo año se realizó una fiscalización con la Armada, siendo sancionado y ordenándose el cierre del recinto.
No obstante, durante el 2019, la antigua Gobernación Provincial de Arica, ya había ordenado el desalojo, pero comenzó la pandemia por COVID-19, quedando detenido el proceso. Ahora, durante 2023, se retomó y coordinó una fiscalización multisectorial, operativo mandatado desde la Delegación Presidencial, con el objetivo de verificar la legalidad de las actividades comerciales que se realizan en el lugar.