La normativa dispone de nuevos procedimientos simplificados para que las empresas de menor tamaño con problemas financieros puedan, como primera opción, reorganizar sus deudas a bajo costo y con menos trabas burocráticas.
Este viernes 11 de agosto entró en vigencia la actualización de la Ley de Insolvencia, que dispondrá de nuevos procedimientos simplificados para que más personas y empresas de menor tamaño, con problemas de sobreendeudamiento o de solvencia, tengan mayores posibilidades de lograr acuerdos de pago con sus acreedores.
La nueva normativa tiene un enfoque ciudadano, ya que busca disminuir la pérdida social y económica de la sociedad bajo cuatro pilares: la creación de procedimientos simplificados de rápida tramitación y bajos costos de administración para personas, micro y pequeñas empresas; el incentivo al reingreso del deudor al sistema crediticio; la incrementación de tasas de recuperación de créditos; la promoción de reestructuraciones de pasivos y la agilización y facilitación de procedimientos.
El seremi de Economía, Fomento y Turismo, José Zúñiga Verdugo señaló que “la nueva ley de Insolvencia tiene como objetivo principal proporcionar un marco más claro, justo y eficiente para enfrentar los desafíos financieros que pueden surgir a lo largo del camino. Reconocemos que las dificultades financieras son una realidad que puede afectar a cualquiera en cualquier momento. Por lo tanto, esta ley busca establecer mecanismos efectivos para resolver de manera ordenada y equitativa estas situaciones, brindando a las partes involucradas las herramientas necesarias para reorganizarse, reestructurarse y, en última instancia, recuperarse”
Esta iniciativa introduce múltiples mejoras a la Ley 20.720, que implica un mayor acceso para las personas naturales y las micro y pequeñas empresas a procedimientos simplificados, más flexibles, menos burocráticos y más económicos en su acceso, permitiéndoles tener una segunda oportunidad en sus actividades económicas.
Otro punto que fue destacado es la disponibilidad de la renegociación gratuita de la persona deudora para quienes emiten boletas de honorarios y que están con un sobreendeudamiento. De esta forma, se integra a usuarias y usuarios que hasta antes del 11 de agosto estaban impedidas de acceder a dicho procedimiento por ser consideradas empresas, implicando que tuvieran como principal opción para salir de sus dificultades económicas la liquidación.
Además, la reformada normativa introduce mejoras para reducir trámites redundantes (como las audiencias separadas de derecho a voto y la constitutiva de la liquidación) y facilita el uso de la tecnología (por ejemplo, autorizando la realización de juntas de acreedores en forma remota), con la finalidad de hacer más expedito el desarrollo de los procedimientos.
El Seremi de Economía, por último, comentó que “la entrada en vigencia de la nueva ley de Insolvencia es un paso adelante hacia un sistema económico más resiliente y justo. Esta ley refleja nuestro compromiso como Gobierno con la estabilidad financiera y el apoyo a aquellos que enfrentan dificultades económicas, fomentando al mismo tiempo un entorno propicio para la inversión y el crecimiento”.