Con un contundente respaldo del Senado, el Congreso culminó el trámite del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio 190 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la violencia y el acoso de los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado frente a la violencia y el acoso que ocurren durante el trabajo, o bien, como resultado del mismo.
La iniciativa se fundamenta en la existencia de un contexto de denuncias ante la Dirección del Trabajo por acoso sexual y laboral que afecta principalmente a mujeres, quienes presentan más de la mitad de las denuncias de manera directa, mientras que otro grupo significativo demanda mediante organizaciones de carácter sindical.
Sectores del comercio, educación, administración y servicios son los más afectados y la mayoría de los denunciantes señalan que han visto afectada su integridad psíquica y en el caso de las denuncias por acoso presentadas por las mujeres involucran tanto a superiores jerárquicos como a compañeros de trabajo.
En la instancia, se planteó que “la violencia y el acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género».
Al respecto, el senador José Miguel Durana (UDI) manifestó que la violencia y el acoso, en materia laboral, es un verdadero flagelo que debe ser desterrado de nuestra sociedad porque muchas veces es invisibilizado por las víctimas que reciben amenazas y frente a temores de la pérdida de la fuente laboral, no se registra en cifras oficiales.
Puntualizó que este acoso y violencia laboral es aún más grave cuando se produce en contextos de vulnerabilidad de la mujer y la lucha contra este lamentable fenómeno compromete a todos, afirmando que Chile ya cuenta con una base legislativa que cumple con estándares similares y, en algunos casos superiores a los exigidos por el acuerdo internacional.
“Hay procedimientos administrativos expeditos, instancias previas de mediación de controversias, sanciones efectivas y un marco de aplicación amplio. Desde la esfera legislativa, en el acoso laboral y sexual, en especial cuando las víctimas son mujeres y también mediante un significativo aumento de las penas en materia de delitos sexuales como ejemplo: la ley Gabriela”, recalcó.
Agregó que es necesario ser capaces de educar intensamente a nuestras futuras generaciones y a la sociedad en general para prevenir este tipo de conductas y en caso de ocurrencia, la sociedad en su conjunto debe ser implacable para su castigo.
Se consagra que las disposiciones del Convenio deberán aplicarse por medio de la legislación nacional, así como a través de convenios colectivos o de otras medidas acordes con la práctica nacional, incluidas aquellas que amplían o adaptan medidas de seguridad y salud en el trabajo existentes para que abarquen la violencia y el acoso y aquellas que elaboran medidas específicas cuando sea necesario.