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Se renueva por 90 días más el sistema de resguardo de las zonas fronterizas en la macrozona norte

Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas, este martes 22 de agosto se aprobó la prórroga del decreto dictado por el gobierno que establece el control migratorio y resguardo de zonas fronterizas por personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Es la segunda renovación que se realiza del Decreto Supremo de infraestructura crítica, aprobado el 24 de febrero, permitiendo el despliegue de las FFAA en la Macrozona Norte, medida que puede ser renovada -por un plazo también de 90 días- con el acuerdo del Congreso, mientras siga existiendo el peligro «grave o inminente» que dio lugar a su dictación.

Durante su intervención en la Sala, el senador José Miguel Durana (UDI) dijo que los ingresos de migrantes en Chile, por pasos no habilitados ha caído en un porcentaje importante. Pese a dicha disminución, los mismos informes dan cuenta que hasta principios del mes de agosto habrían ingresado por estos pasos no autorizados 13.256 personas, aún con la presencia de las FFAA.

“Esta situación nos lleva a cuestionar las facultades con las cuales se encuentran investidas las FFAA para el desarrollo de la labor que les ha sido encomendada, así como la adopción de medidas extraordinarias para las regiones del norte, como el Estado de Excepción Constitucional que tantas veces hemos solicitado para enfrentar seriamente, no sólo el fenómeno migratorio sino los efectos colaterales del mismo”, recalcó el legislador.

En la instancia, los legisladores si bien valoraron los efectos positivos que ha tenido la medida y la mayor presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas, llamaron la atención respecto al crimen organizado transnacional y los fenómenos más complejos que requieren medidas complementarias e integrales. Así como integrar más medidas de seguridad y defensa.

Otro de los aspectos abordados durante la discusión de este proyecto fue la necesidad de agilizar el trámite de proyectos de la agenda de seguridad y hubo llamados al gobierno para “aplicar la legislación y las expulsiones administrativas”.