El parlamentario representante de Arica y Parinacota, busca disminuir faltas a la probidad. Además, de prevenir y combatir actos de corrupción con el uso de recursos fiscales.
En el último tiempo se han conocido casos de ilícitos e irregularidades al interior de gobiernos locales. En este contexto, y con el espíritu de entregar mayores herramientas de fiscalización el diputado Enrique Lee, presentó un proyecto de acuerdo que solicita al presidente de la República presentar una iniciativa legal para que la atribución del Consejo Regional (CORE) de solicitar una auditoría externa al Gobierno Regional (GORE) una vez al año , pase de ser facultativa a obligatoria, a lo menos una vez en el periodo de duración del mandato, es decir 4 años.
Es del caso señalar que la Ley N°19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en su artículo 36, establece que corresponde al Consejo Regional fiscalizar el desempeño del gobernador en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional, como también de las unidades que de él dependan.
Además, señala la contratación de una auditoría externa que evalúe la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera del Gobierno Regional, facultad que sólo podría realizarse una vez al año, pero que no resulta obligatoria.
El diputado Enrique Lee, advierte que “en la actualidad esta mera facultad resulta insuficiente y es muy necesario exigir mayor responsabilidad en el uso de recursos fiscales, en un escenario nacional de incertidumbre económica y de fuerte desconfianza en las instituciones”.
“En una democracia sana es esencial que los órganos del Estado se fiscalicen, que existan frenos y contrapesos, ya que esto viene a elevar los estándares de probidad, transparencia y eficiencia en la administración del Estado”, puntualizó el autor del proyecto.
“No puede ocurrir nunca más lo acontecido en nuestra región, en el cual llevamos más de tres años esperando el resultado de una auditoría externa aprobada por el CORE que no se llevó a cabo. Las autoridades entregaron razones infundadas y contradictorias de la no ejecución de la auditora externa. Los ariqueños y parinacotenses tienen el derecho de conocer el correcto uso de la ejecución de recursos fiscales que hacen las autoridades elegidas”, finalizó el legislador.