Quiero compartir con ustedes un hecho que me ha afectado desde el 15 de marzo de este año cuando fui acusado públicamente por una funcionaria perteneciente a mi personal de apoyo por un supuesto acoso laboral y sexual. Ha llegado a fin el proceso investigativo y recientemente fui notificado que no se encontraron hechos que avalaran tal acusación. Todo lo contrario, las pruebas confirmaron mi versión sostenida desde el primer día, en que manifesté que la denuncia fue represalia a la desvinculación de dicha funcionaria, despido que fue decidido en conjunto con mi equipo de trabajo con mucha anterioridad por razones exclusivamente laborales y que fue comunicado a la funcionaria al retorno del receso legislativo. Es decir, los hechos no son como se comunicaron a la Prensa de que yo habría desvinculado a la funcionaria a raíz de su denuncia. Esta acusación buscó dañar mi imagen pública, así como obtener beneficios económicos, lo que de hecho se consiguió.
A continuación, entrego a ustedes mayores antecedentes respecto a los diversos alcances que tuvo este lamentable episodio que buscó afectar mi trabajo político sin medir las profundas consecuencias en mi entorno familiar y laboral. Quiero hacer un llamado a ustedes, y en especial a la Prensa que en su debido momento cubrió esta información a que disponga el mismo espacio para informar sobre el término de este proceso que determina mi inocencia.
Respecto a los alcances de esta denuncia señalo lo siguiente:
1.- Desde el punto de vista del Procedimiento: Es relevante señalar que desde un primer momento no se siguieron los protocolos establecidos por ley y reglamento, toda vez que dicha denuncia fue efectuada en una comisión política sin facultades para conocer, juzgar o resolver sobre ella. Peor aún en dicha comisión se filtró la identidad de la denunciante contraviniendo de esta manera norma expresa básica que obliga resguardar la confidencialidad de las partes en una denuncia de este tipo. Cabe recordar que la denuncia fue leída en la Comisión Parlamentaria de Mujeres presidida accidentalmente en aquella ocasión por la diputada y abogada Maite Orsini Pascal, quien no podía menos que conocer los procedimientos legales al respecto.
2.- Desde el punto de vista de las Pruebas: Tal como señalé en el único punto de prensa realizado para este efecto, puse a disposición de la investigación todo el historial de Whatsapp producto de nuestra relación laboral en donde queda de manifiesto que la acusadora borró 29 mensajes de texto, que el acusado no borró ninguno, y que el contenido de dicho historial revela una relación al menos de mi parte cordial y netamente laboral. En el mismo sentido de las pruebas queda demostrado que la desvinculación laboral precedió a la denuncia, y no al revés como se manifestó por medio de la prensa. Otro aspecto relevante es el acto extorsivo del que fui objeto toda vez que la acusadora previamente a realizar su denuncia me extorsiona mediante un tercero, también funcionario de esta cámara, solicitando que se le mantenga el contrato hasta el mes de junio inclusive, de lo contrario, ella inventaría una denuncia. Extorsión que no fue aceptada con las consecuencias ya conocidas. Por otro lado, la única prueba que conozco que ella aportó a la investigación es su propia declaración.
3.- Desde el punto de vista del aprovechamiento de este tipo de Denuncia:
3.1. Económico: Cabe señalar que producto de esta denuncia falsa la funcionaria consiguió ser reincorporada a la Cámara de Diputados y percibir un sueldo de aproximadamente un millón de pesos durante 9 meses.
3.2. Político: A raíz de esta acusación se logró desviar del foco de la atención pública otras graves denuncias de violación y acoso sexual que se encuentran judicializadas y que afectan a autoridades políticas. Además se logró desviar la atención de las acusaciones que afectaban a la diputada Maite Orsini, en aquella época acusada de tráfico de influencia. Es tal el aprovechamiento político, que incluso el propio gobernador de Arica y Parinacota Jorge Díaz Ibarra, utilizó los titulares de prensa del día 15 para entorpecer la labor de una Comisión Parlamentaria que lo tenía citado para dar cuenta de las asignaciones de recursos regionales y el entorpecimiento a una auditoría externa. El gobernador para excusarse de dicha comisión argumentó que “no podía estar presente en una comisión presidida por un acusado de acoso laboral y sexual”, en circunstancias que sobre él hay graves acusaciones de acoso, que las propias organizaciones de funcionarios del gobierno regional hicieron presentes en sendas protestas en Arica y en el propio palacio de La Moneda.
4.- Desde el punto de vista del Daño provocado: El acosa laboral y sexual es un tema delicado, relevante de ser tratado, y el Estado ha hecho grandes esfuerzos para incentivar la denuncia y proteger durante el proceso investigativo tanto a denunciante como denunciado. Sin embargo, denuncias sin fundamento, y en las que indebidamente se dan a conocer las identidades de los intervinientes como en este caso provocan que se distorsione el propósito de estos procedimientos, perjudicando en primer lugar a las verdaderas víctimas de acoso. Es por ello que hoy asumo el compromiso de colaborar con que se cumpla el debido proceso en las denuncias de este tipo que afecten a empleados y empleadores de todo Chile y en especial en la región de Arica y Parinacota. Para este efecto he dispuesto en mi oficina parlamentaria instancias que permitan orientar a todas aquellas víctimas que lo requieran.
5.- Agradecimientos: Es indudable el duro golpe emocional que ocasiona este tipo de denuncias infundadas. Por lo mismo quiero agradecer a todas aquellas funcionarias y funcionarios del Congreso Nacional que me manifestaron su apoyo desde el inicio aún sin conocer las contundentes pruebas que disponía para desmentir tal acusación. Asimismo agradecer al personal que se desempeña en la ciudad de Arica que no dudó en respaldar mi versión, y ser un verdadero apoyo para seguir adelante en mis actividades parlamentarias. También aprovecho de agradecer a mis colegas diputadas y diputados que no creyeron en la denuncia y se dieron el tiempo de escucharme. El resultado de la investigación demuestra que su intuición fue la correcta.
6. Acciones a seguir: Es indudable la mala fe que rodea este episodio, en donde hay evidentes muestras de concertación para obtener beneficios indebidos, ya sea políticos o económicos. Sólo para muestra recordar que la Prensa fue utilizada y llamada a esperar la lectura de dicha acusación, donde además en forma ilegal se filtra la identidad de la acusadora. Por esto, y en defensa de las verdaderas víctimas, es que considero mi deber el evaluar las acciones legales que correspondan para perseguir las responsabilidades de quienes han actuado con mala fe. Hago presente que tal y como se ha caracterizado mi actuar, mantendré en reserva dichas acciones.
7. Recomendaciones: A las instituciones y empresas, para velar por un procedimiento ágil y expedito de este tipo de denuncias, que garanticen la confidencialidad tanto del denunciante como del denunciado y el estricto apego al debido proceso, todo lo anterior para velar por los buenos propósitos de la normativa vigente, proteger a las verdaderas víctimas, evitar daños y todo tipo de aprovechamientos.
Diputado Enrique Lee Flores