El diputado Enrique Lee, recalcó que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) es una invitación a la inmigración ilegal.
Tras casi seis meses desde que distintas autoridades a nivel nacional, solicitaran a Contraloría que investigue un convenio de cooperación firmado por la Municipalidad de Arica y otras 9 entidades edilicias además del gobierno regional de Magallanes, con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), finalmente el órgano fiscalizador reafirmó la ilegalidad del convenio, ya que “no se ajustó a derecho”.
El oficio establece que tanto el gobierno regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y las Municipalidades, entre ellas la de Arica “no ajustaron su obrar a derecho al haber suscrito con la oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados los acuerdos de cooperación internacional que se señalan”.
Al respecto, el diputado Enrique Lee, señaló que “El ACNUR se está sobrepasando en Chile, el ACNUR es una verdadera invitación ilegal a que los inmigrantes lleguen a nuestro país, es así como el Partido de la Gente e Independientes hicimos presentaciones en Contraloría y ¿qué es lo que nos dice el Contralor? En resumen, nos dice que los convenios que ha hecho el Gobierno, por ejemplo, el de Magallanes, los convenios que han hecho casi diez municipalidades de Chile incluyendo Arica, Recoleta, Concepción Talcahuano y algunas otras son ilegales”.
Lee, además agrega que “vulneran los principios de juridicidad contemplados en la Constitución y la Contraloría ordena al gobernador de Magallanes y a los municipios que han contraído compromisos con ACNUR, a que tendrán que ser revisados. Por eso, estamos muy contentos de que por fin un órgano del Estado se haya manifestado en favor de los ciudadanos chilenos”.
El oficio de respuesta de la Contraloría detalla que “En consecuencia, y en concordancia con el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, las actuaciones denunciadas constituyeron una invasión al ámbito propio de la potestad que la Carta Fundamental le confiere al Jefe de Estado para conducir las relaciones internacionales”.
Por consiguiente, en atención a las consideraciones expuestas, el Gobierno Regional de Magallanes junto a otras municipalidad del país incluida la de Arica, deberán corregir las irregularidades e informar a las Contralorías Regionales en un plazo de 60 días hábiles, a lo que se sumaría la devolución de recursos fiscales que pudiesen haber sido utilizados en beneficio de este convenio.