El jefe comunal dijo que la frontera de Arica y Parinacota tiene una serie de particularidades, y que exige del Estado una demanda totalmente distinta a otras regiones de Chile.
Como un necesario encuentro entre autoridades comunales y regionales, calificó el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, la primera sesión del Consejo Regional de Seguridad Pública. Ocasión en que el delegado presidencial Ricardo Sanzana, entre otras materias, expuso el diagnóstico regional de seguridad pública elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
“Valoro bastante esta invitación que surge de las políticas de Gobierno, a objeto de poder abarcar desde diferentes dimensiones la seguridad de nuestra región”, dijo el líder comunal.
Espíndola también celebró que los cuatro alcaldes de la región, junto a otras autoridades regionales, puedan abordar materias que nos permitan recuperar la seguridad en una ciudad que ha sido golpeada por la delincuencia.
La concejala Dolores Cautivo también cree que este Consejo “es una super buena instancia porque los delitos nunca son de una sola parte y necesitan soluciones intersectoriales, y en este Consejo encabezado por el delegado presidencial podemos relacionarnos con otras instituciones y ponernos al servicio de la seguridad de Arica”.
Región fronteriza
El jefe comunal además señaló que la frontera no debe ser entendida como una línea que divide un territorio en dos países, sino que es un territorio mucho más grande. “Arica y Parinacota tiene una serie de particularidades, y que exige del Estado una demanda totalmente distinta a otras regiones de Chile”.
En total sintonía con el alcalde de Arica, la concejala Cautivo dijo que “el resguardo de la frontera está íntimamente relacionado con los delitos de mayor connotación pública, y por lo tanto debe ser nuestra primera preocupación”.
En su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Concejo Municipal de Arica, Cautivo agregó que “nuestra frontera, pasa a ser una razón de Estado, más allá incluso, de que sabemos que la migración es un derecho y que hay una serie de protocolos y acuerdos internacionales, que la protegen”.
Finalmente, la edil señaló que los actos delictuales “afectan la estabilidad del Estado de Chile como un organismo que tiene la obligación de resguardar a su propio pueblo y por tanto, esa obligación la pongo por encima de todo”.